Spessot: "Por intereses políticos, la UNTER perjudica a los niños y adolescentes que dicen defender"

“Desde el momento que comenzamos la gestión al frente del Ministerio, en diciembre de 2011, hemos recibido virulentas críticas del sector gremial que en ese momento era oposición al sindicato, y que desde diciembre de 2013 asumió la conducción de la UNTER. Esos cuestionamientos siempre carecieron de la seriedad y los fundamentos de una disputa ideológica sobre modelos educativos a implementar, que cualquiera está en su derecho de disentir”, dijo el funcionario.
Asimismo, agregó que “desde nuestra gestión, cada una de las líneas de política educativa que hemos desarrollado están enmarcadas en una concepción y en un modelo de educación nacional y popular, que a nivel nacional se viene llevando a cabo desde 2003, y que fuera reclamado por los sindicatos docentes en nuestro país y en Latinoamérica durante décadas. Se puede pensar que la actual conducción de la UNTER o bien no los comparte y adhiere a propuestas más vinculadas a políticas conservadoras y no lo explicita, o bien directamente carece de fundamentos”.
“En el proceso de construcción de la Ley 4819, Ley Orgánica de Educación, los actuales dirigentes de la UNTER (en ese momento en la oposición al sindicato) cuestionaron dicho anteproyecto con el casi excluyente argumento del tiempo de discusión, pero sin aportar una sola crítica a algún postulado de esa norma. Así, pretendían desvalorizar sin más, una Ley que determinaba que la educación era un derecho social, la principalidad del estado, el eje en la profundización de la inclusión educativa, de la incorporación de la interculturalidad, como también de contenidos como educación en Derechos Humanos y Educación Sexual Integral. Esta misma norma establece la ampliación de la obligatoriedad y de los tiempos escolares para mejorar la calidad educativa; la democratización del gobierno de la educación con la figura del vocal madre/padre en el CPE que durante 20 años no se implementaba. Ni siquiera reconocían que esta norma que cuestionaban le otorgaba a los trabajadores de la educación el derecho a la paritaria”.
“Al asumir, manifestaron oponerse a resoluciones que reglamentaban dicha Ley como la Res 35 de la educación primaria, la res 138/13 que define un formato escolar en secundaria, y la res 139/13 que reglamentaba la escuela secundaria para jóvenes. Los cuestionamientos fueron los mismos, solo pedían tiempo para discutir, mientras tanto repetían el slogan del ajuste, sin analizar que la res 35 habilitaba las escuelas de jornada completa, una política que claramente mejoraba la calidad educativa de los estudiantes de primaria, sin analizar siquiera que lejos del ajuste, esa resolución, como la 138 y la 139 instauraban los tiempos de trabajo colectivo docente, a la par de ampliar sustantivamente la inversión educativa para sostener los cargos nuevos. Más allá de esto, en el ámbito paritario hemos abierto el espacio a la discusión de las políticas educativas, sin haber recibido una sola propuesta en lo que va del año”.
Frente a estos cuestionamientos, Spessot se preguntó: “¿Qué concepción de educación sostienen? ¿Qué análisis han hecho de las políticas neoliberales que no logran distinguirlas de las actuales? ¿Por qué siempre necesitan más tiempo? ¿Sólo para dilatar la implementación de políticas que amplían la inclusión y la mejora de la calidad educativa? ¿Será porque adhieren a políticas conservadoras que se han implementado en otras épocas que parecen añorar? ¿O porque simplemente no tienen en claro qué modelo educativo quieren, y se manejan en la improvisación?”.
Por último, afirmó que esta misma falta de seriedad se puede ver en el origen del conflicto a que esta conducción somete a los docentes, y a los propios estudiantes. “Cualquier sindicalista tiene el deber de saber que cuando firma un acuerdo paritario, y este se homologa, ese acuerdo debe respetarse por ambas partes. Es por lo pronto una muestra de irresponsabilidad haber fomentado un paro luego del acuerdo que firmaron con el consenso de su Congreso, y deben hacerse cargo de las consecuencias de esa decisión, debiendo evaluarlo con los docentes antes, en lugar de callarlo y exponerlos a su propia irresponsabilidad”.
“Se puede pensar en falta de seriedad, o bien que los motivos forman parte de una estrategia que va más allá de lo gremial y se enmarca en decisiones políticas de oposición a un gobierno, que en tal caso tampoco son explícitas. Sea como sea, lo concreto es que con estas acciones han perjudicado a los docentes que dicen defender, y perjudican a los niños, niñas y jóvenes en su derecho a la educación, con objetivos que no son claros”, finalizó el Secretario.