Lo propio con motivo de conmemorarse mañana el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
La aplicación de esta política implica el reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas y promueve el debate para reflexionar sobre las diversas formas de violencia institucional.
En este contexto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "la violencia institucional consentida no se puede permitir, el país ya ha tenido demasiada violencia".
Por tal motivo, es necesario extremar las medidas para evitar violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, y adoptar políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
Cabe recordar que el 8 de mayo de 1987 tres jóvenes fueron asesinados por la fuerza policial en Budge. La trascendencia pública de esta situación instaló el término "gatillo fácil", que definió desde entonces los crímenes policiales que esta etapa democrática no puede admitir.
"Nuestra provincia también fue escenario de graves hechos de violencia institucional que nos avergüenzan y nos comprometen a trabajar por la justicia acabando con la impunidad”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso.
“Esta Secretaría entiende como violencia institucional no sólo a la ejercida por las fuerzas de seguridad, sino aquella realizada por un agente del Estado, perteneciente a cualquier institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las personas tengan acceso al ejercicio de sus derechos", añadió.
Asimismo, consideró que “el Estado debe asumir un rol protagónico en la resolución de las necesidades de la población, a través de su compromiso en pos de la eliminación de toda forma de violencia institucional, como garantía de ejercicio pleno de derechos".