El 9 de abril se concretó un primer pago de $64.368.497, correspondiente a 694 prestaciones de enero. En tanto, el 16 de abril se realizó un segundo desembolso de $68.451.294 para cubrir 887 prestaciones de febrero.
Con el avance de este esquema de actualización y puesta al día, resta un último pago previsto para la próxima semana de $98.772.898,71 correspondiente a 1.082 prestaciones de marzo.
Este proceso de ordenamiento forma parte de una línea de gestión impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, orientada a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y garantizar el acceso de los afiliados a sus prestaciones.
En total, este cronograma contempla el pago de 2.663 prestaciones por un monto total de $231.592.690, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
Este ordenamiento permitirá que, a partir de ahora, los reintegros que se presenten y correspondan autorizar según auditoría ingresen en un esquema ágil de resolución. Los afiliados cuentan con un plazo de 90 días desde la fecha de la prestación para realizar la presentación de solicitudes en las delegaciones del IPROSS.
Actualmente, el sistema de reintegros contempla dos líneas. Por un lado, los vinculados a discapacidad, que se encuentran al día y se abonan a mes vencido, con un monto promedio mensual de $900.000.000 para prestaciones como acompañantes terapéuticos, enfermería y cuidadores domiciliarios.
Por otro lado, se encuentran los reintegros generales, sobre los cuales se centra este cronograma, y que comprenden prestaciones como rehabilitaciones, terapias, traslados, alojamientos, prótesis, medicamentos esenciales y determinadas prácticas autorizadas.
Aquellos afiliados que, por diversas situaciones, no hayan percibido el reintegro correspondiente podrán acercarse a la delegación donde realizaron la presentación para revisar cada caso y brindar una solución.
Asimismo, en virtud del aumento de los costos prestacionales y el consecuente atraso de los valores de reintegros, se evalúan actualizaciones en los montos de cobertura de ciertas prestaciones, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo y cuidar el bolsillo de los afiliados.
La medida es posible gracias a una administración ordenada de los recursos y forma parte de una política de gestión orientada a optimizar los procesos, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso a los servicios de salud según las necesidades de cada afiliado.